Minutos antes de las 15:00, en el peligroso y angosto puente de Arroyo Broin, zona Laguna del Pescado, una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente, en la cual viajaban 4 funcionarios, tuvo que arrojarse al vacio para no impactar frontalmente contra un camión que decidió pasar al mismo tiempo.

Los funcionarios que se conducían con dirección Gualeguay – Victoria, al momento de terminar de iniciar la bajada por la colina e ingresar al angosto puente, observan que desde la pronunciada colina de mano contraria, venía bajando velozmente un transporte de cargas, por lo que el frenado no le dio para detener su marcha que evitaría la colisión en medio del puente. En ese momento el conductor toma de decisión de arrojarse sobre la banquina, pero ante la falta de guardarraíl terminan cayendo desde una altura de 6 metros sobre el arroyo.

Del siniestro, todos los ocupantes sufrieron lesiones, complicándose la situación sobre, Ana Elizabeth Saavedra (29) quien presentó múltiples fracturas en su cuerpo. Estas personas fueron trasladadas hasta el nosocomio local. (Foto gentileza: Semanario Paralelo 32)

Ambas reparticiones coordinarán los procedimientos para cumplir con el marco legal vigente respecto a los estudios ambientales que deben presentarse para las solicitudes exploración y explotación de aguas termales dentro del territorio provincial.

El Acta Acuerdo permitirá coordinar las actividades entre las dos áreas gubernamentales y facilitará la tramitación de los pedidos de utilización de recursos termales. Así, cualquier solicitud será evaluada técnica y legalmente por el Errter, a los fines que se pronuncie sobre su procedencia y cumplimiento de los recaudos legales. Luego, la Secretaría de Medio Ambiente extenderá el certificado de Aptitud Ambiental del emprendimiento.

La firma se realizará a las 11 en la sede del Errter, sito en Artusi 40 de Concepción del Uruguay. En la oportunidad, el Dr. Mariano Rebord firmará el Acta Acuerdo en representación del Errter, en tanto que por la Secretaría de Medio Ambiente lo hará su titular, Ing. Fernando Raffo.

“Gracias al proyecto que realiza Adcadis en Colón, que es una ciudad turística, se evita el vuelco a las cloacas, por ende al río Uruguay de los aceites usados que son muy contaminantes y abre una nueva posibilidad para incrementar el desarrollo local y una alternativa a los productores para producir cultivos alternativos a la soja”, destacó Raffo.

El funcionario ratificó el “apoyo económico y técnico del gobierno provincial para este tipo de emprendimientos, que tienen un alto valor desde el punto de vista ambiental y que pueden ser replicados en otros puntos de la provincia”.

A comienzo de año, el gobernador Sergio Urribarri entregó a miembros de Adcadis de Colón un aporte de 25.000 pesos, que se sumaron a los 100.000 entregados anteriormente, y que fueron destinados a la compra de materiales para una nueva planta de producción que permitirá mejorar la calidad del producto que obtenían. En dicha institución, cuatro alumnos de la escuela realizan la recolección de los aceites usados en comedores, restaurants y algunos hogares de la ciudad. En este momento están recolectando alrededor de 1.000 litros por mes.

El aceite usado llega a la escuela Especial Nº 25, que depende de Adcadis, y allí es sometido a todo el proceso de decantación, limpieza y producción del biodiesel. El combustible alternativo que se obtiene es vendido a una empresa de fumigación de Buenos Aires, al Parque Nacional El Palmar y a una empresa maderera de la zona.

Daniel Ortiz, profesor de la escuela Nº 25, dijo que el aporte que les entregó el gobernador fue destinado a la compra de los materiales que restaban para la puesta en marcha de la nueva planta de producción de biodiesel.

Además explicó que la nueva planta permitirá: “Mejorar la calidad del producto que se obtiene porque actualmente se realiza un proceso manual y la idea es superarnos instalando un laboratorio a la vez que tenga más capacidad de procesamiento”.

Actualmente seis alumnos de entre 16 y 33 años trabajan en la producción de biodiesel que se vende en su totalidad.

“Lo recaudado con la venta del biodiesel es destinado a pagar los sueldos a los chicos que trabajan en la producción, como así también a René que está a cargo de todo el proceso”, explicó Daniel Ortiz.

El profesor destacó la ayuda permanente del gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente.

El proceso

Los encargados de realizar la recolección trabajan de 12 a 16, de lunes a viernes. El aceite recolectado es llevado a la escuela donde don René hace el procedimiento de limpieza que consiste en decantarlo pasándolo por un filtro canaleta donde quedan los residuos más gruesos del aceite.

Luego se lo pasa a los decantadores donde se lo deja estacionar, entre 10 y 15 días, para que el agua se asiente. Cumplidos esos días, se le quita el agua y el aceite se pasa por el reactor donde se calienta a 140º durante una hora aproximadamente, hasta que se evapore todo el agua que le queda. Eso se deja reposar hasta el otro día cuando se le agrega el metóxido, que es metanol con soda caútica, y que también se deja reposar por 24 horas.

Cumplido ese tiempo, se retira el glicerol y queda el biodiesel al que se realiza dos lavados para que quede en condiciones de ser utilizado como combustible. Con este proceso, de los 1.000 litros de aceites usados recolectados se obtienen 950 litros, casi el 100 por ciento. Es en el lavado donde se pierden los 50 litros.

En referencia a la normativa recientemente aprobada en materia del cuidado del medio ambiente, el decreto Nº 4977, firmado en diciembre de 2009; el gobernador explicó que “no existía, éramos una de las pocas provincias que no lo tenía. Hoy lo tenemos y es la principal garantía, más allá de la responsabilidad social que tiene la empresa que ha decidido invertir aquí, para el cuidado del medio ambiente en la provincia”.

“El decreto establece que ante cualquier tipo de emprendimiento, más en los de este tipo, deberá existir un dictamen de las autoridades competentes y un estudio de impacto ambiental. Además, se especifica que en los procesos previos a cualquier tipo de emprendimiento, se deberá contar con la cooperación del las unidades de nivel académico superior, o sea que la participación ciudadana en lo que es previo a cualquier tipo de inversión está garantizada por el Estado”, manifestó Urribarri.

YPF trabajará con universidades y equipos técnicos de la provincia

Por su parte, el vicepresidente de YPF, Sebastián Eskenazi, manifestó el interés por parte de la empresa en trabajar en conjunto, tanto con técnicos de la provincia como con universidades de la región que hayan trabajado sobre esta temática u otras vinculadas como los estudios realizados a cerca del acuífero Guaraní. En cuanto a la preservación del medio ambiente, señaló que “la industria petrolera ha cambiado mucho su forma de trabajar y hoy es una de las que más cuida el medio ambiente. Además Entre Ríos tiene una reglamentación y una Ley de protección muy exhaustiva”.

“No nos tenemos que asustar, la tecnologías realmente permiten que se respete el medio ambiente e YPF lo hace a nivel nacional, estamos trabajando mucho en el medio ambiente no sólo en lo actual sino también en lo pasado. La conciencia ambiental en el mundo no tiene 100 años, la verdad que tiene pocas décadas y se han hecho a nivel mundial muchas cosas que no se debieran haber hecho, por eso Argentina está trabajando justamente para subsanar también parte de esas cosas del pasado. A futuro trabajaremos en conjunto con el medio ambiente”.

Alcances del decreto

El decreto reglamenta el estudio de impacto ambiental según ley general del ambiente nº 25.675 y el artículo 22 de la constitución, el cual establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”, dijo al respecto el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo.

POr su parte, el decreto Nº 4977, prevé la reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental, como un instituto necesario para la conservación del ambiente en todo el territorio entrerriano. “Es una normativa que no existía anteriormente y que busca regularizar la situación, ya que Hidráulica, Energía o Minería ya lo tenían incorporado y con esta norma lo que se hace es que todas las reparticiones tengan que hacerlo”, sostuvo.

Agregó que “se trata de un instrumento de carácter preventivo tendiente a evitar problemas ambientales. Es una herramienta esencial de ordenamiento territorial y, por lo tanto, de planificación estratégica en lo referido a la localización de actividades y emprendimientos en el ámbito físico de la provincia”.

El funcionario explicó que “cualquier emprendimiento o actividad productiva o de servicios que pueda generar inquietudes sobre sus consecuencias en el ambiente y que se realice en el territorio provincial, pasará por este mecanismo de estudio y evaluación de impacto ambiental”.

Categorización de actividades para determinar si requieren estudio de impacto

Los interesados en desarrollar una nueva actividad en la provincia deben elaborar una carta de presentación del proyecto que es presentada en la Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación del presente decreto. El organismo provincial tiene 15 días para analizar la información y determinar si la actividad a desarrollar requiere o no estudio de impacto ambiental. Para dicha determinación, la autoridad de aplicación se basa en un proceso de categorización que consiste en identificar el nuevo emprendimiento en un completo listado de actividades, denominado Clasificador Nacional de Actividad Económica (CLANAE), y asignar un estándar de incidencia ambiental, identificado con un número.

Las de estándar 1 se encuadran automáticamente en la categoría 1, que significa que la actividad propuesta es de bajo impacto ambiental porque no presenta impactos negativos o estos son mínimos y están dentro de los tolerado y previsto por la legislación vigente. Esto significa que no requiere estudio de impacto ambiental por lo que se le extiende el Certificado de Aptitud Ambiental.

Las actividades que son estándar 2 serán categorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente, utilizando para esto la información aportada en la carta de presentación de la empresa. Para categorizar estas actividades se aplicará una Fórmula de Categorización a partir de la cual se obtiene un resultado, identificado con un número, según el cual se determina si la actividad requiere o no estudio de impacto ambiental.

En tanto las actividades que son estándar 3 se encuadran en la categoría 3, definidas como de alto impacto ambiental por lo que deben obligatoriamente presentar estudio de impacto.

Aquellas actividades que se encuadren en la categoría 2 son de mediano impacto por lo que también requieren de estudio de impacto.

En caso de que la actividad no esté en el Clasificador Nacional de Actividad Económica, la autoridad de aplicación puede categorizarla en función de las características del emprendimiento, plasmadas en la carta de presentación.

Las actividades que ya se encuentran en funcionamiento en la provincia tienen un plazo de seis meses para presentar la carta de presentación, a partir de la vigencia del presente decreto. El proceso de categorización es el mismo que se detalló anteriormente y que se realiza con los nuevos emprendimientos. Las actividades en funcionamiento, comprendidas en las categorías 2 y 3, deberán en un plazo máximo de 12 meses a partir de la notificación de la categorización, presentar un Informe Ambiental.

Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental

Una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental la autoridad de aplicación tiene 60 días para analizarlo y determinar si aceptarlo o rechazarlo. El resultado de la evaluación es plasmado en una resolución emitida por la Secretaría donde se establecen todas las condiciones u observaciones que el organismo provincial considere pertinentes. Si es estudio fue aprobado, luego de la resolución se otorga el Certificado de Aptitud Ambiental.

En el caso de las actividades en funcionamiento, la Autoridad de Aplicación puede considerar que hay situaciones, actividades o procesos que no se ajustan a lo normado en la legislación vigente en la provincia y solicitará a la firma que elabore un Plan de Gestión Ambiental que será analizado, aprobado o rechazado. El rechazo significa que la actividad no puede seguir funcionando, mientras que la aprobación es plasmada en una resolución y posterior otorgamiento de un Certificado de Aptitud Ambiental, que tiene una validez de dos años. Si una actividad cambia de firma el Certificado subsiste siempre y cuando no se modifiquen las condiciones de trabajo.

Participación ciudadana

Por otra parte, la norma prevé que la autoridad de aplicación llevará adelante un procedimiento de participación ciudadana durante el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Estos podrán ser audiencias o reuniones públicas en las que se aborden aspectos del emprendimiento o actividad en estudio, notificación a posibles afectados directos, puesta a disposición de los interesados del estudio de impacto ambiental para su consulta, recepción de comentarios por escrito u otra manera que determine la autoridad de aplicación.

Es decir que, la Secretaría de Medio Ambiente antes emitir la resolución en cada estudio análisis ambiental establecerá este mecanismo de participación para que el ciudadano pueda informarse y opinar.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para la autoridad convocante, por lo que aunque haya oposición a un determinado proyecto, si este cumple con todos los requisitos y técnicamente es viable se puede avanzar en el mismo, pero se debe dar respuesta satisfactoria a cada una de las observaciones planteadas.

Quiénes pueden realizar los Estudios de Impacto ambiental

Este decreto prevé además la creación, en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental, que será amplio y de público conocimiento.

Las condiciones para ser incorporado a dicho registro son, en caso de personas físicas, ser profesional graduado universitario con carrera de grado de seis años de duración o, para el caso de profesionales universitarios graduados en carrera de grado de menos de seis años, será condición indispensable contar con una especialización universitaria en temas ambientales o maestría universitaria en temas ambientales que cuenten con aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Cabe mencionar que en ningún caso la Secretaría de Medio Ambiente puede realizar el estudio de impacto ambiental porque no puede ser juez y parte.

Sanciones y medidas preventivas

Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se inicien sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental o que no cumplan con las exigencias y controles establecidos en el presente decreto, serán pasibles de las siguientes sanciones: revocatoria o caducidad de la licencia, autorización, concesión o permiso; suspensión total o parcial de la obra, proyecto o actividad; y clausura total o parcial, temporal o definitiva del establecimiento o edificación.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente puede aplicar medidas preventivas de ejecución inmediata, que tienen carácter preventivo y transitorio. Las mismas pueden consistir en la suspensión o clausura de las actividades o proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en infracción al presente decreto, hasta que estos regularicen su situación.

Parques industriales y obra pública

En el capítulo 7 la norma prevé que los parques industriales que se vayan a instalar requieren de estudio de impacto ambiental y que cada actividad que se inicie dentro de los parques ya instalados debe realizar todo el trámite para obtener su Certificado de Aptitud Ambiental.

En tanto los parques existentes o actividades que se desarrollan dentro de éste, que quieran realizar modificaciones, también tienen que tramitar su Certificado.

A su vez, los responsables de organismos públicos que lleven adelante obras públicas en la provincia deben presentar a la autoridad de aplicación una presentación del proyecto para que esta última decida si dicha obra requiere o no estudio de impacto ambiental. Por este motivo, en el caso de la obra pública, ya en la etapa de prefactibilidad se debe analizar si la misma requiere estudio de impacto, para que este sea incorporado en el presupuesto de la obra.

El secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo explicó que “este sistema detecta incendios en cualquier lugar de la provincia. Una vez identificado, desde el Plan de Fuego se establece el contacto con la Policía de la zona para que realice las constataciones, labre el acta y se inicien las tareas administrativas pertinentes a los fines de realizar intimaciones, apremios o cobros de multas según lo previsto en la Ley Provincial Nº 6898 de Manejo del Fuego”.

A partir de este sistema satelital se han detectado cuatro incendios que están en proceso de análisis para determinar las causas, establecer si fueron accidentales o intencionales y los responsables. Incluso la semana pasada se detectó un caso de incendio en una estancia con explotación forestal en el departamento Gualeguaychú que fue registrado durante varios días por el sistema satelital. A partir de esta detección se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Parte de la información de base es suministrada por organismos de control del riesgo de la órbita del Ministerio del Interior de la Nación. Además, desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego utilizan datos provenientes de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) y de organismos brasileños. A partir de allí, los técnicos del Plan realizan el entrecruzamiento de los datos e interpretan los mismos.

“Esta es una primera etapa que consiste en detectar quien no cumple con la Ley Provincial de Manejo del Fuego para actuar administrativamente en cada caso. La etapa siguiente que desde la Secretaría estamos planificando es la de contar con un sistema de alerta temprana que permita prevenir los incendios”, precisó Raffo.

Este sistema de detección, que nunca antes existió en la provincia, se suma a otras herramientas que se irán implementando a través de torres u observaciones directas del siniestro para facilitar las más rápidas y eficientes tareas de combate de los fuegos.

Se recuerda que por resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de febrero está prohibida la realización de cualquier tipo de quema en todo el territorio provincial. Una vez que finalice este período, las quemas serán posibles únicamente bajo autorización que extiende la Secretaría. Se solicita a la población que avise en caso de detectar columnas de humo o cualquier hecho que puede desembocar en un incendio.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia se prohíbe cualquier realización de quema en todo el territorio provincial por el término de dos meses a partir de este martes 15 de diciembre y hasta el 15 de febrero de 2010. La medida, emitida por resolución, se debe a las condiciones meteorológicas y pronósticos actuales, emanados de organismos nacionales e internacionales, que indican un elevado riesgo y peligro de ocurrencia de incendios. En los considerando de la resolución se expresa que los incendios ocurridos recientemente, como consecuencia de quemas incontroladas, “han ocasionado pérdidas importantes no sólo en plantaciones forestales sino que además ponen en riesgo la vida humana y la consecuente contaminación ambiental hacia asentamientos poblacionales cercanos a los focos ígneos detectados”. Además, se dejan sin efecto las autorizaciones de quema otorgadas en el marco de la Ley provincial 6.898 de Manejo del Fuego ante la necesidad de establecer medidas adecuadas de prevención.

El incumplimiento de lo establecido en la presente norma, firmada por el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, podrá ser pasible de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el decreto reglamentario de la Ley Provincial de Manejo del Fuego.

Asimismo, debido a las condiciones meteorológicas actuales, que indican un elevado riesgo y peligro de ocurrencia de incendios, la Secretaría de Medio Ambiente, como autoridad de aplicación de la ley provincial, podrá actuar junto a las fuerzas de seguridad impidiendo la sucesión de quemas. (El Once Digital).

Evaluación de Impacto Ambiental; Plan Provincial de Manejo del Fuego; Normativa para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios y Juntas de Gobierno; Licencia Social: El poder de la participación ciudadana. Caso de estudio BOTNIA; y Experiencias de trabajo entre el Estado y la Sociedad Civil. Casos de estudio serán los talleres que se desarrollarán. Los mismos coordinados por un responsable y su equipo de trabajo, quienes contarán con la participación de especialistas y/o exposición de casos pertinentes.

El objetivo de este encuentro es propiciar el diálogo entre el Estado y la Sociedad Civil, alentando al a participación ciudadana, difundiendo las políticas provinciales, y abriendo las posibilidades de plantear proyectos para las localidades.

El encuentro se realizará en el Complejo Educativo Héctor y Sara Salas de Berisso de Gualeguay, sito en calle Corrientes 198 (esquina 1º de Mayo, a una cuadra de la Plaza Constitución).

Se aceptará confirmación de asistencia y elección de Taller Temático antes del 18 de noviembre inclusive, a fin de ultimar detalles organizativos. Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse por mail a turismogualeguay@hotmail.com, por teléfono llamando al 03444-424110 o ingresando a www.entrerios.gov.ar/medioambiente.

El secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo, confirmó que a partir de hoy está vigente el Plan Provincial de Manejo del Fuego, según lo establece el decreto reglamentario de la Ley que fue firmado el 18 de agosto pasado por el gobernador Sergio Urribarri.

El funcionario destacó que el Plan fue elaborado en base a las sugerencias realizadas por todo los actores involucrados en la temática como son Defensa Civil, bomberos, policía y productores.

Además, destacó que la intención es que toda la información vinculada al tema sea pública, por lo que a partir de hoy también está disponible en el sitio oficial de la Secretaría (www.entrerios.gov.ar/medioambiente), un link con todo lo relacionado al Plan de Manejo del Fuego. Es decir, la Ley N° 9868, el decreto reglamentario N° 3186, el Plan Nacional y las planillas de autorización, solicitud y aviso de las quemas.

“El objetivo del Plan es instaurar las quemas controladas, con aviso a la Policía quien deberá realizar un parte de incendio diario para ir laborando un registro de infractores y de incendios diarios, semanales y mensuales, para contar con estadísticas”, precisó Raffo.

En tanto, la coordinadora del Plan, Lucía Avellaneda sostuvo que “lo más importante de todo es la prevención y que los vecinos traten de colaborar, además del trabajo coordinado entre todos los actores involucrados”.

Y agregó que “si algún vecino identifica algún fuego tiene que llamar a la policía más cercana o al número 100, que en general suena en los bomberos de cada localidad, y la fuerza policial más cercana se hará presente para corroborar la denuncia”. El personal policial que se haga presente en el lugar realizará un acta, que servirá a la Secretaría de Medio Ambiente para elaborar un registro de los infractores.

Reiteró que está prohibido realizar quemas, sobre todo en épocas de alto riesgo de incendio. “El productor que quiera realizar quemas controladas deberá solicitar autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y cuando tenga la autorización deberá comunicarlo a sus vecinos, a la fuerza policial y a los bomberos cercanos a su domicilio para que todos tengan conocimiento”, advirtió Avellaneda.

Y aclaró que los interesados en realizar quemas deben tener en cuenta el índice de peligrosidad que se emite a diario desde el Parque Nacional El Palmar y que en los próximos días comenzará a publicarse en los medios gráficos y radiales, junto con el pronóstico meteorológico.

La propuesta, impulsada por el diputado Daniel Bescos (PJ) fija como Autoridad de Aplicación la Secretaría de Medio Ambiente, quien tendrá a su cargo la implementación del cronograma de sustitución y reemplazo de los materiales, lo que se dará en forma gradual, ya que se establece un plazo de 24 meses para el reemplazo.

La Autoridad de Aplicación deberá implementar campañas de concientización y difusión, determinará la tecnología de aplicación autorizada para la fabricación de bolsas que se comercialicen o distribuyan en la provincia , tendrá facultades de fiscalización respecto de cumplimiento de la ley y deberá crear un Registro de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de bolsas degradables o biodegradables, dice el proyecto que deberá revisar el Senado.

Por otra parte faculta al Poder Ejecutivo a implementar medidas de incentivo económico para las empresas que hoy fabrican bolsas plásticas y en especial a las PyME, con el objeto de facilitar la reconversión de las mismas por la fabricación de productos degradables o biodegradables.

La norma también contempla un régimen de sanciones y los fondos recaudados en concepto de multas se utilizarán para solventar campañas de difusión y concientización. Fuente Recinto Net.

Bahl recorrió la zona en helicóptero y vio como el fuego se expandía rápidamente emitiendo enormes columnas de humo que eran fácilmente observables desde la capital entrerriana. El ministro entrerriano manifestó su preocupación por esta conducta que parece no cesar.

En ese sentido, Bahl resaltó que “Entre Ríos tiene legislación sobre control de fuego y se prevén sanciones por este accionar”, y recordó que cuando el fuego afectó a la ciudad de Rosario, el gobierno entrerriano tomó rápidamente cartas en el tema y, no sólo que se trabajó en identificar e iniciar acciones a los responsables de los focos ígneos sino que se implementaron una serie de iniciativas gubernamentales para controlar esta peligrosa actividad.

Finalmente, recordó que el gobernador Urribarri firmó el decreto reglamentario de la Ley Provincial de Manejo del Fuego, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente implementará un plan de prevención y lucha contra incendios, además de ponerse en funciones un grupo de 50 agentes de la Policía que fueron capacitados y equipados específicamente para estos siniestros.