La provincia acumula seis meses de deuda con los transportistas de escuelas rurales

Les deben febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto. En Gualeguaychú podrían suspender el servicio desde la próxima semana. El Estado debe garantizar a los alumnos el acceso a una educación de calidad para la igualdad de oportunidades.

Si bien la escuela secundaria es obligatoria, el Estado debe garantizar a los alumnos el acceso a una educación de calidad para la igualdad de oportunidades. Y los padres tienen libertad de elección de establecimiento para sus hijos.

Todo, en el contexto constitucional y de la normativa vigente en Entre Ríos, Ley de Educación Provincial Nº 9890, que refiere los derechos y obligaciones de alumnos, padres y el Estado, brindando el marco jurídico correspondiente.

Según publica el diario El Día, los estudiantes que concurren a las escuelas rurales sufren las consecuencias de la burocracia estatal y la falta de previsión de los recursos correspondientes para hacer frente al pago de los transportes.

El traslado de alumnos a las escuelas rurales es cumplido por 93 empresas en toda la provincia que transportan a 6.400 jóvenes, servicio por el que el Consejo General de Educación (CGE) abona 2 millones de pesos mensualmente.

De acuerdo a datos no oficiales, la provincia tiene un 72 % de escuelas rurales con escasa matrícula, que en general son de 4ta. categoría y de personal único.

Cada año se genera la misma situación conflictiva: la plata presupuestada para abonar a los transportistas no alcanza, se atrasan los pagos varios meses, los empresarios cortan el servicio y los alumnos quedan sin concurrir a la escuela.

Después se negocia rápidamente, el gobierno acuerda con los transportistas saldar algunos meses y el conflicto se termina provisoriamente.

Dos veces por año, al menos, el servicio para las escuelas rurales se interrumpe por el mismo motivo: falta de pago.

El artículo 87º de la Ley de Educación Provincial, en referencia a la educación rural, precisa: “El Estado Provincial para asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso en la educación obligatoria de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades rurales y de islas, proporcionará recursos pedagógicos, otorgará cargos y becas, financiará la movilidad de los docentes y alumnos y el funcionamiento del comedor escolar, asegurará la infraestructura con los servicios básicos, proveerá bibliotecas y equipamiento necesario”.

Deuda reconocida

Esta semana la presidenta del Consejo General de Educación, Graciela Bar, reconoció públicamente el atraso en los pagos del transporte escolar de la provincia. Y aseguró que “a fin de año se normalizará la situación”.

“Hacerlo ahora es difícil ya que al haber dos o tres meses de deuda no puedo pagar a las 93 empresas en su totalidad”, aclaró y remarcó que se irá “adelantando el pago para que, como en enero y febrero no hay viajes, podamos normalizar la situación y partir de cero en 2013”.

Bar explicó que “se están haciendo las gestiones en el Ministerio de Economía para dar una partida extraordinaria, ya que se cuadruplicó la cantidad de chicos y lo que estaba presupuestado para el año quedó exiguo”.

Y sostuvo que el CGE deberá hacer un pedido de mayor imputación presupuestaria para transporte: “toda la reasignación de partidas por decreto lleva su tiempo, por eso es que hay cierta demora para el pago de los transportistas”.

La autoridad educativa cuestionó además a “un grupo de cuatro o cinco empresarios” en toda la provincia “que no comprenden la realidad y han suspendido el traslado de los chicos”.

Situación crítica

El atraso en el pago a los transportistas de escuelas rurales y la consecuente suspensión del servicio perjudica principalmente a los alumnos, que no pueden asistir a clases.

Quedan siempre en el medio del conflicto entre los empresarios que reclaman que se les pague, porque no pueden poner más plata de sus bolsillos, y de la justificación del gobierno sobre partidas presupuestarias agotadas.

La próxima semana podría desencadenarse otra retención del servicio en algunas escuelas rurales de Gualeguaychú. Según pudo saber elDía, la situación es límite en el transporte de la Escuela Nº 22 de Sarandí y no mucho mejor en el de la escuela Esteban Piacenza de Colonia El Potrero.

El atraso del gobierno en ese rubro es de 6 meses: debe febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y al menos en el corto plazo no habría novedades de pago, según lo que este medio pudo saber.

El empresario Ricardo Peruzzo, uno de los que presta el servicio para la Escuela Piacenza, dijo que “la situación no ha cambiado nada” en relación a la última vez que debieron suspender el transporte.

“La solución no es pagar al que trabaja, sino que los chicos vayan a la escuela aunque sea en zulqui”, aseguró y sentenció: “ya me fundí pero al servicio lo voy a seguir haciendo aunque tenga que vender un riñón”. (El Día)

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