Escribe Cesar H. Zuccotti.
Una vez más, la iniciación del ciclo lectivo marca un horizonte de incertidumbre y zozobra en el ámbito educativo.
En Entre Ríos, si analizamos el presupuesto 2010, recientemente aprobado, podemos constatar, que la partida, constituida para educación, es menor a la del año anterior , si se la relaciona con el presupuesto total de la provincia, en un 2,76% y si se considera la inflación del año 2009, del orden al 15%,el presupuesto educativo es un 3,7% menor a valores constantes. Las decisiones que el gobierno plasma, a través de la Ley de Leyes, difícilmente puedan revertir los problemas estructurales que hoy plantea la educación. La crisis de la escuela pública tiene su perfil más acuciante por el impacto que la crisis social le infringe al sistema educativo. Todos los esfuerzos que se diseñan para transformar y/o mejorar el sistema, tienen una profunda y directa dependencia de la crisis social que permanentemente la condiciona. En los últimos 35 años la educación estuvo permanentemente jaqueada, por el crecimiento sostenido de la pobreza y la exclusión, que han incidido negativamente en su calidad.
Los 350.000 escolares entrerrianos ,necesitan para acceder a una educación inclusiva, que se cumpla con la ley que establece los 182 días de clase, que se haga efectiva la obligatoriedad de todos los niveles, y que se plantee un proyecto serio, concreto y gradual ,en la creación de escuelas de doble escolaridad.
Algunos datos de la realidad, a nivel nacional, nos dan la pauta de la gravedad de la situación: solo el 40% de los jóvenes de 18 años en el país, han completado el secundario, y el 90% de los que habitan zonas rurales, no han terminado este ciclo. El fracaso del sistema parece contundente.
Las evaluaciones muestran una abrupta caída del nivel de conocimientos de los egresados del sistema. En este contexto el mensaje que el gobierno provincial, envía a la sociedad a través de la elaboración del presupuesto 2010, sigue siendo contradictorio y engañoso ya que por una parte plantea una merma de recursos en términos reales, para el sector educativo y por otro lado prevee la extensión de la enseñanza obligatoria. En el mismo sentido adhiere a la gradualidad y al avance en la aplicación de la nueva ley de educación, para lo que se requiere mayor cantidad de recursos, que no afecta en el presupuesto.
La ley 9890 ,sancionada en Diciembre de 2008,plantea la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta la finalización de la escuela secundaria, pero el déficit que arrastra el sistema educativo ,nos da la pauta ,que la provincia no esta en condiciones de contener a los alumnos, que ya tiene dentro del sistema. Esta realidad esta determinada por la ausencia de decisión política para cambiarla.
