El cuerpo de delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) manifestó su “preocupación” por la adhesión a la propuesta de reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas. Y advirtió que el costo final de las nuevas unidades habitacionales en el marco de la operatoria del fideicomiso financiero para la construcción de viviendas sociales sería de 130.000 pesos, en un plazo de 300 meses a una tasa del 14 por ciento anual, con una cuota amortización de 1.570 pesos. Por esto aseguraron que “nadie” podrá pagar esta cuota, ya que el salario mínimo garantizado en la provincia es de 1.220 pesos.

“Nos vemos en la necesidad de expresar nuestra preocupación en relación al acuerdo de adhesión a la propuesta de reconversión del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, ya que implicaría un punto de inflexión en las políticas de vivienda social, no sólo para el erario público provincial sino particularmente para el futuro del IAPV como órgano ejecutor de las políticas de vivienda en el territorio provincial y en consecuencia para toda su planta de trabajadores”, planteó el cuerpo de delegados en un parte de prensa.

En ese sentido explicó que “según este acuerdo se pretende introducir fondos de la Administración Nacional a la Seguridad Social al sistema de construcción de viviendas a nivel nacional, a fin de ejecutar en el territorio provincial unas 4.950 viviendas que no han sido ejecutadas a la fecha en el marco del convenio firmado el 11 de agosto de 2005, como fue reclamado oportunamente”.

“Para ello, el gobierno nacional propone la creación de un fideicomiso financiero administrado por el Banco de la Nación Argentina, por el cual aporta fondos provenientes de la ANSES previendo hasta 80.000.pesos por unidad habitacional, debiendo la provincia endeudarse por unos 396 millones de pesos, tomando un crédito a una tasa pública que entendemos nunca será inferior al 14 por ciento anual, convirtiéndose los fondos FONAVI en garantía de dicho crédito”, detalló el cuerpo de delegados.

En este contexto, los dirigentes indicaron que “no se trata de la incorporación de nuevos recursos para el financiamiento de viviendas sino directamente del remplazo de unos recursos por otros, como son los fondos del ANSES”, y acotaron que “estos recursos vendrán como crédito a la provincia, debiendo garantizarlos con recursos corrientes, fondos FONAVI y coparticipación provincial”.

“El costo de estas unidades habitacionales acordado entre la Cámara de la Construcción de la República Argentina filial Entre Ríos y las autoridades del IAPV no es de 80.000 pesos cada una, sino un monto considerablemente superior, de rededor de 115.000 pesos, costo actual de las viviendas en ejecución del Programa Federal Plurianual de Construccion de Viviendas”, por lo cual el costo de construcción de las 4.950 unidades habitacionales será no ya de 396 millones de pesos sino de unos 570 millones de pesos”, detallaron.

Asimismo observaron: “Si tenemos en cuenta los mayores costos que reconoce la provincia, el costo final de las unidades habitacionales tampoco será de 115 mil pesos, sino de un valor considerablemente superior, a razón de un 7,5 por ciento anual, por este concepto el costo de cada una de las viviendas estará cercano a los 130 mil pesos”, al tiempo que aseguraron que “el monto del endeudamiento real que estaría comprometiendo la provincia en el marco de esta operatoria estaría rondando los 643 millones de pesos”.

Por esto se preguntaron “quién va a pagar esto”, y apuntaron que “la cuota promedio que se emite actualmente en el IAPV es de 250 pesos por una vivienda cuyo costo es de 89.300 pesos con una tasa de interés del 1 por ciento anual y una financiación a 300 meses. Con este costo de vivienda y este nivel de cuota el nivel de recupero histórico del organismo está en el orden del 40, 50 por ciento. Que actualmente se afecta hasta un 20 por ciento aproximadamente de los ingresos del grupo familiar”.

Por último puntualizaron que si se tiene en cuenta “la demanda insatisfecha de grupos familiares inscriptos por tramos de ingresos a diciembre /08, un grupo familiar debería tener un ingreso de 7.850 aproximadamente” para poder hacer frente al pago de la cuota de la vivienda social. Y remarcaron que “nadie va a poder esa cuota”, considerando que el salario mínimo garantizado en la provincia es de 1.220 pesos.

“Para la provincia significa un alto endeudamiento. Para la población entrerriana significa un costo por unidad de vivienda inaccesible para cualquier trabajador estatal, privado, con o sin relación de dependencia. Y para los trabajadores del IAPV significa poner en riesgo nuestra fuente de trabajo al utilizar nuestros fondos y por ende nuestros sueldos como garantía del crédito a otorgar”, concluyeron. Análisis Digital.